La traducción jurada posibilita que un documento originalmente emitido en idioma extranjero sea válido en reparticiones públicas de todo el territorio nacional, pudiendo inclusive ser utilizada para fines judiciales. Sólo puede ser realizada por traductores jurados, también conocidos como traductores públicos, debidamente concursados y habilitados, siguiendo las normas y procedimientos de uso.

La traducción simple, en cambio, puede ser realizada de acuerdo con la conveniencia del cliente y del traductor, sin tener fe pública.

Los documentos traducidos por traductores no jurados y firmados por traductores públicos son ilegales. En una traducción jurada, cualquier firma que no sea la de un traductor público la torna inválida.

El plazo para la entrega de una traducción varía de acuerdo con factores como tamaño y tenor del documento, urgencia del cliente y volumen de entregas ya programadas con otros clientes, entre otros.

En promedio, cada traductor puede traducir aproximadamente 2.000 palabras por día, si el texto fuera de fácil comprensión.

Los valores varían de acuerdo con el idioma, el tipo de servicio (técnico o no), el formato (editable o no editable) y la urgencia del cliente.

La interpretación simultánea promueve la comunicación efectiva entre disertante y platea, de modo continuo y natural, por medio de audífonos.

En contrapartida, la interpretación consecutiva es realizada sin equipamientos y el disertante debe interrumpir su exposición para que el intérprete realice la traducción, de acuerdo con la toma de notas. Esa modalidad es más indicada para pequeñas reuniones formales, encuentros entre autoridades o ceremonias oficiales. Los contenidos más técnicos o programas muy prolongados se adaptan mucho mejor a la modalidad simultánea.